EL NACIONAL - LUNES 02 DE MAYO DE 2005

Sucesos.

Dos muertos y nueve heridos por motines en cárcel Yare I.

En el penal mirandino fallecieron Ronald Joseph Díaz Castaño y Eleazar José Guerra González. Con la muerte del segundo se vengó la del primero, al cual decapitaron y extrajeron el corazón, las autoridades suspendieron la visita y pidieron a la GN practicar una requisa a fondo.

EDGAR LÓPEZ

En el escatológico mundo de las cárceles venezolanas “comerse una luz” constituye una infracción de las leyes de tránsito que puede generar una muerte más violenta que la de cualquiera que desatienda la señal de alerta de un semáforo en la vida normal

Según la versión ofrecida, vía telefónica, por uno de los reos del internado judicial Yare I, al final de la madrugada de este sábado 30 de abril, en el pabellón 4 alguien gritó.

“¡Luz roja!”. Todos los presos conocen la jerga; saben que el llamado de atención indica un peligro inminente frente al cual lo más aconsejable es mantenerse a buen resguardo, lo más lejos posible de los enemigos.

En esta oportunidad, el descuidado, el que se “comió la luz”, no fue cualquier recluso sino el líder del pabellón 4, Ronald Joseph Díaz Castaño, recluido en Yare I por el delito de robo agravado. Fue interceptado, secuestrado y sometido a torturas durante toda la noche por los presos del pabellón 2. El resultado no pudo ser más brutal: Díaz Castaño fue apuñaleado tantas veces como sería necesario para que muriera desangrado.

Luego lo decapitaron y le extrajeron el corazón del pecho. El cadáver sería exhibido para que todos advirtieran de lo que eran capaces los presos del pabellón 2 en su afán de mantener el control de toda la cárcel, lo cual implica, entre otras cosas, el control sobre la distribución de armas y drogas.

El asesinato de Díaz Castaño generó una tensión que no pudo ser controlada por los funcionarios encargados de mantener el orden en Yare I . El deseo de venganza se concretó al final de la tarde del sábado, cuando uno de los presos del pabellón 4 ultimó de un disparo en el pecho a Eleazar José Guerra González, del pabellón 2, procesado por el delito de robo y uno de los presuntos responsables de la muerte del recluso que había sido asesinado horas antes.

Con la muerte de Guerra González se inició un enfrentamiento entre los reclusos de los pabellones rivales, y al amanecer de ayer se supo de ocho heridos por armas de fuego, según informaron las autoridades del penal mirandino: Tony Parra Buroz, Aquilino Blanco Mocoa, Rodolfo González Planchart, José Antonio González, Héctor René Castillo Rodríguez, Eddie Antonio

Suárez, Néstor Alí Cirino Patiño y Jorge Eliécer Noguera. Al parecer, sólo dos reclusos quedaron bajo vigilancia médica en el hospital Domingo Luciani de El Llanito: Castillo Rodríguez, quien sufrió un impacto de bala en la cadera; así como González Planchart, quien sufrió heridas por arma de fuego en la espalda.

Poco antes del mediodía de ayer, el subdirector Joe Mediavilla informó que justo a esa hora estaban trasladando al hospital a un noveno herido, pues el tiroteo, aunque con pausas, continuaba.

Incursión de la GN Según informó Erlin Rojas, director nacional de Custodia y Rehabilitación del Recluso del Ministerio del Interior y Justicia, la gravedad de la situación en Yare I ameritó que las autoridades del penal solicitaran el apoyo de los funcionarios de la Guardia Nacional (que en condiciones normales deben limitarse a la custodia externa de los centros penitenciarios) para reestablecer el orden a través de una “requisa intensa”.

La decisión aumentó la angustia de los familiares de los reclusos y de aquellos que no estaban directamente vinculados con el enfrentamiento armado que se generó a partir de la madrugada del sábado

Por lo general, las requisas suelen consistir en incursiones violentas en los diversos pabellones y, ante la menor resistencia, es probable que ocurran excesos en la represión.

Como había sido suspendida la visita, los parientes comenzaron a protestar obstaculizando las vías con cauchos quemados.

Afortunadamente, los presidentes de los Circuitos Judiciales Penales de los estados Miranda y Vargas, Luis Guevara y Edgar Fuenmayor respectivamente, junto con los jueces de ejecución de ambas jurisdicciones, así como representantes del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo se hicieron presentes en Yare I. Como resultado de la mediación de las autoridades judiciales, se logró que cinco familiares presenciaran la requisa para evitar que se cometieran atropellos contra los reos. Después del mediodía de ayer, la violencia había cesado y se permitió la entrada de visitantes

Además, los directivos del penal, con el apoyo de la Dirección Nacional de Custodia y Rehabilitación del Recluso, comenzaron las gestiones para reagrupar los presos y, de ese modo, impedir nuevos enfrentamientos armados.

El juez Guevara explicó que desde el pasado 19 de marzo los jueces de Ejecución de Miranda y Vargas se trasladaron a Yare I (donde están recluidos aproximadamente 800 penados) para agilizar los trámites necesarios para conceder beneficios de libertad anticipado a los presos que cumplen con los requisitos establecidos en la ley

Hasta el presente, se habían adelantado gestiones para unos 200 reos.

“Revisamos los expedientes de las dos personas que murieron y pudimos constatar que ambos ya habían sido evaluados por el equipo multidisciplinario que debe certificar la posibilidad real de que cada beneficiario pueda reinsertarse efectivamente en la sociedad, y no reincidir en la comisión de delitos.

Los que murieron tenían la certificación de buena conducta y estaban próximos a salir de la cárcel”

El presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda prosiguió:

“La última jornada de este tipo la llevamos a cabo el pasado viernes en la cárcel de Los Teques, donde evaluamos 131 casos: 90 de Vargas y 41 de Miranda. A pesar de estos lamentables incidentes de violencia, continuaremos presentes en los distintos centros penitenciarios”

Hechos y acciones aisladas El juez Luis Guevara recordó que la crisis penitenciaria es tan compleja que amerita la definición y desarrollo de una política integral que privilegie la acción coordinada de todos los sectores involucrados.

De esta forma, quiso decir que la actuación oportuna de los jueces no es suficiente para erradicar las causas de la violencia carcelaria.

De manera similar opinó el coordinador general del Observatorio Nacional de Prisiones, Humberto Prado, quien comentó que los planes de humanización carcelaria resueltos por las autoridades del Ministerio del Interior de Justicia deben concentrarse en los centros penitenciarios más violentos del país: Yare I y II, El Rodeo I y II, Barinas, Tocuyito, La Pica y Mérida

Sin embargo, lamentó Prado, estos planes comenzaron por la cárcel de Santa Ana, que es uno de los penales más tranquilos del país.

El mismo Erlin Rojas parece entender la necesidad de aunar y racionalizar esfuerzos: “La crisis penitenciaria se agrava por el abandono en que han estado asumidas nuestras cárceles por más de 40 años”.

Pero el director nacional de Custodia y Rehabilitación del Recluso se ha manifestado especialmente sensible frente a las críticas que, con suficiente conocimiento de causa, se formulan desde las diversas organizaciones de la sociedad civil preocupadas y ocupadas por la crisis penitenciaria: “Hay sectores externos que viven de la miseria de los presos y que promueven protestas. Aunque no tenemos suficientes elementos para intentar acciones judiciales en su contra, seguiremos investigando”. A modo de ejemplo, Erlin Rojas dijo que quizás no sean hechos aislados los motines que este sábado se produjeron en Yare I y en La Planta.

Carlos Nieto, coordinador de Una Ventana a la Libertad, instó a Rojas a identificar a las organizaciones que, en su opinión, desestabilizan al sistema penitenciario. Y, si es posible, que explique cómo es que ingresan tantas armas a las cárceles venezolanas.